“Sin clientes no hay trata, sin explotadores no hay explotados”, sostuvo el diputado Nicolás Viera, miembro informante del Proyecto de ley que busca prevenir, investigar, perseguir y sancionar la trata y explotación de personas, así como la atención, protección y reparación de las víctimas.
El Poder Ejecutivo se dispone a promulgar la Ley sancionada por el Parlamento el pasado 11 de julio de 2018. La Ley toma en consideración experiencias internacionales y las adapta a la realidad nacional.
La trata de personas es una forma de sometimiento y uso lucrativo de las personas que viola los derechos humanos mediante el abuso y la violencia que degrada a las víctimas y las cosifica, quitándoles su integridad física y emocional. Es una amenaza permanente para la sociedad y la seguridad de los países.
Nuestro país es actualmente lugar de origen, tránsito y destino de personas sometidas a estas prácticas, como sucede en casi todas partes del mundo. De ahí que es de enorme importancia contar con las herramientas legales para sumarnos a los esfuerzos de la comunidad internacional para enfrentarlas.
La explotación de las personas incluye como mínimo la prostitución forzada u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o incluso la extracción de órganos.
La trata con fines de explotación sexual ha sido la más visible en Uruguay, aunque en los últimos años vimos casos de trata laboral, y aún permanecen ocultas otras formas de este fenómeno.
De acuerdo a la experiencia nacional, está comprobado que la trata de personas afecta a mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes, aunque es mucho mayor la trata de mujeres adultas, jóvenes y adolescentes.
La nueva Ley propone un abordaje integral creando un Consejo de prevención y combate a la trata de personas, un Sistema interinstitucional de respuesta con medidas específicas y una adecuación de los delitos relacionados con la trata existente en la normativa nacional.
El Estado asume la obligación de actuar rápido, cuidando los derechos de las víctimas sin discriminación alguna, teniendo en cuenta la violencia contra las mujeres y el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
Según cifras proporcionadas por INAU, en Uruguay registramos 21 casos de trata de niños, niñas y adolescentes entre 2006 y 2009; 20 casos en 2010. En 2016 tuvimos 333 casos y el año pasado 350.
Por su parte el Servicio de atención a mujeres en situación de trata informó que desde 2011 a la actualidad atendió a 500 mujeres. En 2015 hubo 92 casos nuevos y 208 en seguimiento. En 2016 atendieron a 145 mujeres y el año pasado ingresaron 77 nuevos casos, llegando a atender a 200 mujeres.
Finalmente la Ley establece que no se debe castigar a las víctimas por actos cometidos en virtud de la situación de trata, porque reconoce que las redes de trata utilizan a sus víctimas como herramientas para su funcionamiento y sus prácticas fuera de la ley.
“La ley ordena, prioriza y saca de la invisibilidad un problema que tenemos al lado”, sostuvo la diputada Cristina Lustemberg.