Este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, nuestra fuerza política, tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo y la estructura orgánica, dio una señal de compromiso y acción con el cuidado del ambiente.
Nuestro país está dando importantes pasos en el abordaje de dos problemas ambientales de relevancia como la contaminación por plásticos y residuos.
En esa línea, la Cámara de diputados votó la ley de bolsas, un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo en 2016, y ampliamente discutido por las instituciones públicas y el sector privado.
El proyecto promueve la reducción del uso de bolsas plásticas, lo que aporta directamente a reducir la contaminación por plástico, y en última instancia, redunda en un mayor cuidado a nuestros ecosistemas y especies, particularmente los ecosistemas y las especies marino-costeras.
Pero este paso fundamental de inminente aprobación de la ley de bolsas es solo el principio, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el Proyecto de Ley General de Residuos, que atiende a dar respuestas al problema estructural de la gestión de los mismos en nuestro país, abordándolo desde una perspectiva de inclusión social y desarrollo sustentable.
Esto lo convierte en una verdadera ley de izquierda, y demuestra además, por qué el cuidado del ambiente y la justicia social deben ir de la mano, y por qué cuidar el ambiente debe ser una prioridad para un gobierno progresista.
En el entendido que cada uruguayo usa por año 360 bolsas plásticas en promedio, muchas de ellas terminan en el espacio público o en las aguas, generando un serio problema de contaminación, este proyecto votado en diputados establece el cobro obligatorio de las bolsas plásticas, prohíbiendo la importación y producción de las que se utilizan actualmente en los supermercados y estimulando el uso de materiales más amigables.
Se apunta a reducir significativamente la circulación de bolsas plásticas de un solo uso y para ello se plantea que las bolsas «camiseta», que usamos generalmente al hacer las compras, se utilicen mucho menos dando lugar a la conocida «chismosa».
Este proyecto va en la misma línea de la comunidad internacional, que advierte que es necesario atender el problema de la presencia de residuos plásticos en el ambiente y en particular en los océanos. Tan es así, que el lema para el Día de Medio Ambiente 2018 es «Un planeta sin contaminación por plástico», que tiene por objetivo sensibilizar a los países a tomar acciones para revertir la situación en torno de la contaminación derivada por el uso de plástico.
Uruguay es uno de los países que lidera la iniciativa mundial por los mares limpios. Es en este sentido que los legisladores asumen la responsabilidad que les corresponde para darle al país las herramientas para lograr un uso racional de envases y embalajes de materiales plásticos, y en particular de bolsas plásticas.
Más allá de que el plástico tiene ventajas para la sociedad, su amplia utilización y las características de alta durabilidad, han hecho de este material un problema ambiental por los efectos adversos que genera una vez que es desechado. Las bolsas son un elemento clave a abordar, en particular las utilizadas para contener y transportar productos y bienes, ya que las mismas se diseñaron para un solo uso. Las bolsas de plástico se dispersan fácilmente, agravando el problema general de presencia de plástico en el ambiente.
El proyecto no tienen una finalidad comercial, ni recaudadora. Se trata de un fin netamente ambiental. El cobro de la bolsa al consumidor final es una herramienta para disminuir y desestimular el uso de la bolsa plástica.
Si ocurriera que aún con un precio, el consumidor sigue llevando bolsas plásticas en cantidades iguales a las que lleva actualmente, habremos fracasado, pero tenemos el convencimiento de que una vez aprobada la ley, se puede generar una corriente cultural de cambio en nuestros hábitos, un proceso donde nos re-eduquemos y podamos aportar cotidianamente al cuidado del ambiente.
El proyecto que contaba con media sanción de senado, tuvo leves modificaciones en diputados, por lo cuál, para convertirse en ley, deberá volver al Senado para que éste apruebe las mofificaciones realizadas.