Martes, 23 02 2021
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Propuesta ante emergencia sanitaria

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Primer Semestre de 2021

El Frente Amplio propuso el 31 de marzo de 2020 al Presidente de la República un conjunto de medidas para aportar al desarrollo de la lucha contra la pandemia.

Los recursos volcados por el Estado en 2020 han sido limitados e insuficientes, tanto en relación con las necesidades básicas como en cualquier comparativo internacional.

El paso del tiempo, el aumento de casos de COVID 19 y los crecientes impactos sociales y económicos hacen necesario tomar más medidas. Más allá de que una gran parte de las medidas propuestas en marzo siguen formando parte de nuestro aporte, vemos la necesidad de sistematizar y concentrar nuestra propuesta en los siguientes 5 bloques:

1) Ingreso Básico de Emergencia.

La pandemia ha generado impactos relevantes desiguales en la actividad económica, afectando sobre todo a sectores con menor capacidad de respuesta, ligados al trabajo por cuenta propia y con coberturas parciales de la seguridad social, entre otras características.

El gobierno ha hecho aportes insuficientes a este grupo poblacional (aumento de TUS, aumento de AFAM y bonos canasta) que, según los datos del MEF, han significado un promedio mensual de 15 millones de dólares y un promedio/mes por persona de 769 pesos.

Proponemos que a estos hogares se les otorgue un subsidio a efectos de que su ingreso mensual alcance un salario mínimo líquido durante los próximos 4 meses de 2021 (marzo a junio), con posibilidad de extenderlo de ser necesario.

2) Suspensión de lanzamientos y cortes de servicios, y diferimiento de cuotas/vivienda y pagos de los servicios para los sectores más necesitados.

Las condiciones económicas de los próximos meses dificultarán el trabajo de muchas personas y se hace necesario garantizar tanto la permanencia en sus hogares como el acceso a los servicios básicos que en ellos se prestan.

Para trabajadores en seguro de paro y aquellos hogares que reciban la Renta Básica de Emergencia, proponemos:

  1. a) Suspender desalojos y lanzamientos de inquilinos por 120 días y un diferimiento de intereses de cuotas hipotecarias de MVOTMA, ANV, y BHU entre marzo y junio de 2021.
  2. b) Suspender los cortes de servicios de luz, agua e internet y diferir el vencimiento de tarifas de UTE, ANTEL y OSE en lo que refiere al consumo básico.

En todos los casos que corresponda, los diferimientos se pagarán en cuotas sin moras ni intereses.

  1. C) Un subsidio al alquiler para garantizar la permanencia en la vivienda, de hasta 3 BPC dirigido a trabajadores en seguro de paro y aquellos hogares que reciban la Renta Básica de Emergencia, tomando en especial consideración los hogares monoparentales, familias con hijos menores de 12 años y familias con hijos discapacitados.

3) Seguros de desempleo.

En 2021 es esperable que se mantengan las flexibilidades en los seguros de paro y, en la medida en que vayan venciendo los mismos, se extiendan en aquellos sectores de actividad más complicados

Se hace necesario tomar nuevas medidas asociadas a los requisitos de ingreso, los montos mínimos y máximos de pago del subsidio, el porcentaje de salario que se paga y su escala decreciente en el caso del seguro por despido.

En este sentido proponemos:

  1. a) Aumentar el mínimo del seguro de desempleo a medio salario mínimo nacional, sin perjuicio de que deba compensarse la diferencia en caso de que el ingreso familiar no alcance 1 SMN en el marco del Ingreso Básico de Emergencia.
  2. b) Flexibilizar el hecho de que entre dos accesos al seguro deban transcurrir 12 meses.
  3. d) Eliminar -durante la pandemia- para el seguro por causal de despido la reducción de la tasa de reemplazo, manteniéndola en 66% durante el período.
  4. e) Para los trabajadores con multiempleo se propone que el trabajador cobre lo correspondiente al empleo perdido a pesar de tener otro empleo.

También proponemos en materia laboral, en el marco de los recursos de INEFOP, realizar una inversión en capacitación laboral y en políticas activas especialmente dedicada a los trabajadores que perciben el Ingreso Básico de Emergencia, con especial énfasis en jóvenes y mujeres.

 

4) Apoyos a las micro y pequeñas empresas.

La pandemia ha tenido un mayor impacto en las micro, pequeñas y parte de las medianas empresas, en especial las que venden en el mercado interno.

Proponemos diferir vencimientos de DGI y BPS a estas empresas. Dicho diferimiento será por 60 días, renovable por otros 60 días. Luego se pagarán en cuotas a definir de acuerdo a la realidad de cada sector, sin incluir moras ni intereses por dicho diferimiento.

En particular, es necesario atender al sector turístico, muy fuertemente impactado en esta temporada. Proponemos un fondo especial para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas de este sector.

Al mismo tiempo es necesario comenzar a debatir una estrategia para este sector empresarial de mediano plazo, que vaya más allá de los impactos de la pandemia.

5) Adelanto de inversión pública y apoyo a la inversión privada en infraestructura y vivienda.

Preparar un plan de aumento transitorio en la demanda, adelantando la inversión pública tal como se hizo frente a la crisis internacional de 2008-2009.

Adelantar obras e inversiones en vivienda del presupuesto nacional para ejecutar en 2021, llevándolo de un orden de 20 mil millones pesos a 40 mil millones de pesos, es decir mil millones de dólares.

Acelerar el inicio de obras bajo la modalidad PPP y los 19 Planes de Caminería Departamental (reduciendo exigencias de contraparte), así como las inversiones de los gobiernos departamentales a través del llamado Programa PDGS.

Favorecer la inversión privada directa con incentivos transitorios mayores.

 

Costos directos de estas propuestas.

1) El costo adicional del Ingreso Básico de Emergencia rondaría 0,5% del Producto Interno Bruto.

2) Los costos asociados al apoyo a pequeñas empresas y vinculados a la permanencia en la vivienda representan un 0,5% del PBI.

3) Los costos de elevar las inversiones públicas en vivienda e infraestructura a 1.000 millones de dólares, adelantando inversiones futuras representa 1% del PBI.

Por lo tanto, el costo total de las medidas representa un equivalente al 2% del PBI.

Sin embargo, el costo final para el Estado va a ser menor, dado que estas medidas que reactivan la economía van a generar ingresos que retornan a las arcas públicas en materia de aportes previsionales, pagos menores de seguros de desempleo, mayores ingresos de IVA por mayor consumo, entre otros.