El Poder Ejecutivo informa sobre las graves irregularidades detectadas en la fase de contratación y ejecución del acuerdo con la empresa CARDAMA S.A. para la construcción de dos Buques OPV.
Incumplimiento de Garantía Esencial: El astillero demoró casi un año en presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento (requisito esencial para la entrada en vigor del contrato). El MDN de la administración anterior toleró «inmotivadamente» una sucesión de prórrogas que superaron ampliamente el plazo contractual de 60 días para la activación del contrato, el cual debió haber caído de pleno derecho.
Garantía de Origen Fraudulento: La garantía finalmente aceptada de la entidad EUROCOMMERCE BANK resultó ser sustancial y materialmente inexistente. Se constató que la supuesta entidad bancaria:
- No es un banco, carece de actividad financiera o empleados.
- Se encontraba en proceso de disolución forzosa.
- Los documentos notariales que la acompañaban fueron confirmados como falsificados por un notario español.
Irregularidades Contractuales y Técnicas: El fraude en la garantía (un incumplimiento «grave» y un «vicio del consentimiento») constituye una causa suficiente para la resolución del contrato. Adicionalmente, informes técnicos señalan:
Problemas de estabilidad en el diseño del buque.
La construcción se está realizando con planos provisionales o no aprobados definitivamente por la Sociedad de Clasificación (Lloyd’s Register), lo cual es un riesgo técnico.
Existe un retraso en el cronograma de obra y se observan problemas de calidad (deformaciones).
Acciones Adoptadas:
Ante el cúmulo de hechos irregulares y el daño real y concreto causado al Estado , el Poder Ejecutivo emitió la Resolución D/114 de 22/10/2025.
La resolución dispuso el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas pertinentes, en el ámbito nacional e internacional, para la protección, defensa y eventual resarcimiento de la República Oriental del Uruguay.
El Gobierno está trabajando con asesoría jurídica especializada para evaluar la resolución unilateral del contrato, buscando minimizar el impacto patrimonial de el país.
Intervención ministra Sandra Lazo sobre el caso Cardama: