Finalizada la segunda instancia en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes tras haber pedido reconsideración del Proyecto sobre consumo abusivo de drogas que fue presentado sorpresivamente la pasada semana, las diputadas Lucía Etcheverry y Cristina Lustemberg realizaron algunas consideraciones al respecto.
Por su parte, Lustemberg señaló que venían recibiendo a muchas delegaciones del sector académico, del Poder Ejecutivo, de la sociedad civil en un tema de relevancia en el país como es el consumo problemático de sustancias y las diferentes líneas de abordaje y sin ninguna síntesis de lo trabajado a nivel legislativo se votó, por parte de los representantes de la coalición de Gobierno multipartidaria, a favor del proyecto. «Como bancada del Frente Amplio pedimos la reconsideración, que fue la instancia que tuvimos hoy, donde la votación fue a favor -a pesar del voto negativo de las legisladoras- entendiendo que se trata de «un proyecto que tiene dificultades en la concepción jurídica en nuestra responsabilidad legislativa y también técnica».
La legisladora dijo que fueron escuchados cada uno de los técnicos que pasaron por la comisión, incluyendo además a la Sociedad de Psiquiatría, tanto de adultos como la de infancia y adolescencia, a expertos en el área del tratamiento, etc. quienes manifestaron «una opinión completamente contraria al proyecto porque no resuelve los temas estructurales, toma de base la ley 18.473 que es de voluntad anticipada a tratamiento vital con un concepto totalmente equivocado. Nosotros entendemos que lo que resuelve la problemática es más servicios de atención, sobre todo en la etapa de desintoxicación pero con un abordaje multisectorial del problema y no a través de la internación compulsiva cuando la evidencia científica demuestra que por ahí no se solucionan los problemas».
La diputada Lucía Etcheverry manifestó compartir las apreciaciones de Lustemberg, en el entendido de que «se trata de una situación muy difícil para las familias que están atravesando una situación como esta, por lo que genera de tensión, de violencia, de no saber a quién recurrir y agotando todas las medidas. En virtud de comprender esas situación tan difícil, no corresponde que vuelvan vivir estas familias otra frustración entendiendo que este proyecto no está generando respuesta desde el punto de vista de centros de atención, de procesos terapéuticos, de equipos multidisciplinarios, que puedan acompañar a quien está con uso problemático de sustancias, a su familia y a la comunidad”.
Etcheverry hizo hincapié en que en la Ley de Salud Mental ya hay una regulación para lo que busca este proyecto que es la internación cuando existen determinados criterios. Esto lo que plantea es “dejo de ver el problema pero el problema va a seguir existiendo” manifestó.
La propuesta del FA es fortalecer desde el punto de vista presupuestal, los mecanismos de atención que hoy están en el Plan integral de Salud y es responsabilidad de los prestadores públicos y privados dar un abordaje integral a la atención de los pacientes o usuarios con consumo problemático de sustancias.
Ambas coincidieron en que era la oportunidad que tenía este Gobierno de fortalecer la Ley de Salud mental que efectivamente se aprobó en el 2017, se reglamentaron algunos artículos en el 2018 y otros en el 2019.
«Era la oportunidad a nivel presupuestal de seguir profundizando en servicios de atención como prevé la Ley de Salud Mental y no como esta ley, que desliga las responsabilidades del Estado en un proceso de internación. Entendemos que el Estado a través de la reglamentación de la ley de salud mental, con implementación en los prestadores de salud públicos y privados tienen la responsabilidad de dar respuesta en todos los niveles de atención y generar dispositivos de desintoxicación aguda en estos momentos» expresaron.
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