La Rendición de Cuentas del ejercicio 2024 evidencia con claridad los límites, contradicciones y consecuencias de la estrategia económica, fiscal y social implementada por el gobierno encabezado por el ex presidente Lacalle Pou entre 2020 y 2024.
Lejos de consolidar un modelo de desarrollo con equidad, se verificó una orientación general basada en el ajuste fiscal, la contención del gasto y la desinversión social en los años más críticos, seguida de una expansión tardía y desordenada del gasto público en el último año del período.
Esta secuencia no sólo impidió una recuperación sostenida para los sectores más vulnerables, sino que dejó comprometidas las finanzas públicas a futuro, con un déficit fiscal elevado, un endeudamiento creciente y un deterioro estructural del gasto.
El análisis de la política económica revela una profunda falta de visión estratégica. El crecimiento económico fue bajo y volátil, sostenido más por factores coyunturales (como el fin de la sequía o la reactivación de proyectos heredados) que por políticas activas del gobierno. La inversión se mantuvo estancada, sin un Plan Nacional que articulara el desarrollo productivo. En este marco, las medidas adoptadas resultaron claramente procíclicas: se recortó el gasto en momentos de contracción y se expandió en contextos de recuperación, contraviniendo las recomendaciones básicas de la política contracíclica moderna.
En el plano laboral y social, si bien se recuperó parte del empleo perdido durante la pandemia, las mejoras se dieron con un fuerte deterioro en la calidad del empleo, particularmente con un notorio debilitamiento del salario real.
La política salarial impulsada por el gobierno saliente consolidó una pérdida de poder adquisitivo acumulada para la mayoría de los trabajadores, en especial los de menores ingresos. Además, el salario mínimo, lejos de ejercer un rol redistributivo, acompañó apenas la media, sin generar mejoras sustantivas en los trabajadores más sumergidos.
En paralelo, los datos sobre pobreza, desigualdad e indigencia revelan una realidad preocupante: la recuperación económica no benefició de forma equitativa a todos los sectores.
La pobreza infantil, la situación de calle y la creciente exclusión de los sectores populares ponen en evidencia la ausencia de políticas públicas eficaces para contener las consecuencias sociales del ajuste. La desprotección de la infancia y la insuficiencia de la respuesta estatal frente a fenómenos de exclusión severa, como la población de calle urbana, reflejan una falta de prioridad política hacia los derechos más fundamentales.
Desde el punto de vista fiscal, pueden identificarse dos etapas claramente diferenciadas. En los primeros años de gobierno el gobierno eligió una estrategia de contención del gasto público en los momentos más críticos, restringiendo recursos cuando más se necesitaban, en lugar de aumentarlos para mitigar los efectos de la crisis sanitaria y social.
Esta decisión fue contraria a las recomendaciones de todas las corrientes de la teoría económica. Incluso instituciones como el Fondo Monetario Internacional, sugerían en ese momento incrementar el gasto fiscal para evitar un daño económico duradero (FMI, 2020). Sin embargo, el compromiso de campaña con la reducción del déficit fiscal llevó al gobierno a tomar una decisión que resultó claramente equivocada, generando un retraso en la recuperación de los salarios y de la economía en general.
Posteriormente, el discurso de una “consolidación fiscal responsable” perdió sustento frente al incumplimiento de los tres pilares de la regla fiscal promovida por la propia administración. En 2024 se verificaron desvíos en el resultado fiscal estructural, un aumento del gasto por fuera de los límites fijados, y la activación de salvaguardas que permitieron un mayor endeudamiento, lo que evidencia que las reglas fueron transgredidas por quienes las impulsaron.
A esto se suman la postergación de pagos para 2025 y el adelanto de ingresos, que distorsionan el balance de 2024 y una acumulación de compromisos que condicionan la gestión del próximo gobierno.
Intervención Mariano Tucci, coordinador de la bancada de Diputados y Diputadas del Frente Amplio: