IGUALDAD

La histórica lucha de las organizaciones sociales y políticas de nuestro país y especialmente los quince años de gobiernos nacionales del Frente Amplio han permitido que el viejo aparato del Estado y sus poderes modifiquen algunas de sus rigideces más notables. La legislación aprobada entre 2005 y 2020 y las reestructuras de varias empresas, servicios y administraciones, abrieron al escrutinio público zonas que antes eran cotos exclusivos de quienes gobernaron el país por casi dos siglos. Pero también permitieron medir la formidable tarea que aún resta por hacer en el camino de profundizar la democracia y ofrecer verdadera igualdad de acceso y oportunidades a la ciudadanía.

Vivir en la más amplia y profunda democracia es un objetivo constituyente del Frente Amplio, pero todavía queda mucho por lograr. Nuestro país debe caracterizarse por una democracia acorde a las necesidades ciudadanas del siglo XXI, con una estructura estatal acorde a ellas y con políticas que persigan la pública felicidad. Esta democracia debe proveer los mecanismos y las herramientas para que los derechos consagrados se
conviertan en realidad para su gente.
La construcción de una cultura ciudadana de paz y convivencia pacífica debe basarse en el pleno reconocimiento de los derechos, la más absoluta circulación de ideas y mensajes, en una educación para todos, toda la vida, que permita aproximarnos a las complejidades del siglo en que vivimos.
La sociedad debe construir confianza y garantizar a sus integrantes una calidad de vida adecuada como para sentirse integrado a ella.

La transparencia en el funcionamiento del Estado y la ley son centrales para que el apego a la democracia se funde en el conocimiento de derechos, garantías y responsabilidades de la ciudadanía y el irrestricto respeto a los derechos humanos.

El derecho de acceso igualitario a la justicia debe darle total sentido a los postulados constitucionales y convertirse en realidad. Implica la plena verdad y la justicia para los sucesos del pasado reciente pero también la posibilidad de participar organizadamente en la gestión de la vida social y la cosa pública. Todos estos objetivos se basan en una solidaridad social concebida como un pilar de la fortaleza constructora de la sociedad.