Viernes, 19 10 2018
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Lo hecho y lo que queda por hacer

  • Uruguay es reconocido internacionalmente como uno de los países que más avanzó en la conquista de derechos laborales. En los últimos 13 años se generaron más de 50 normas que reconocen y amplían los derechos de trabajadores y trabajadoras
  • La media de los salarios tuvo un incremento del 55,5% desde que el Frente Amplio llegó al gobierno y el salario mínimo se multiplicó 3,7 veces, ubicándose en el valor más alto desde la recuperación democrática a la fecha.
  • Entre 2005 y 2015 el salario promedio del sector privado aumentó 57% en términos reales. Ubicándonos entre los países de la región donde se registró la mayor disminución de desigualdad salarial
  • Desde 2005 a 2017 las jubilaciones y pensiones crecieron por encima de la inflación.Mientras en 2017 la inflación fue de 6,55%, las jubilaciones aumentaron 9,03%. De esta forma el poder de compra de una jubilación aumentó en términos reales.
  • En 2005 se restituyeron los Consejos de Salarios, lo que ha garantizado una mejoría en los sueldos y en las condiciones de trabajo. En 2009 se aprobó la Ley de Negociación Colectiva, brindando mayores garantías tanto a empleados/as como a empleadores/as.
  • Se creó la ley que regula el trabajo doméstico.
  • A 12 años de su creación, el 70% de las trabajadoras está registrada y su salario aumentó por encima del salario general de los demás gremios. Según la OIT, Uruguay es el país de América Latina que más protege a este sector.
  • Trabajodores/as rurales tienen derecho a aguinaldo, horas extras, salario vacacional y cobertura médica. Se limitó su jornada laboral a 8 horas y se establecieron descansos intermedios, entre jornadas y semanales.
  • Con la aprobación de la “ley de cincuentones” se terminó con la inequidad surgida a raíz de la ley de las AFAPS. Ahora miles de trabajadores/as y personas en situación de retiro comprendidos en la ley, tendrán una mejor opción a la hora de jubilarse.
  • Se aprobó la Ley de responsabilidad penal para empleadores/as. Ésta, entre otras tantas leyes laborales aprobadas, ha llevado a que los accidentes de trabajo se redujeran de 50.000 en 2012 a 35.000 en 2016.
  • Se aprobó la Ley de Empleo Juvenil, un instrumento que promueve el trabajo de calidad para jóvenes de 15 a 29 años, incentivando la mejora de su empleabilidad y promoviendo la compatibilización del estudio con el trabajo.
  • Se creó el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) para ejecutar políticas de formación profesional y fortalecimiento del empleo de trabajadores y trabajadoras del sector privado del Uruguay.
  • Se aprobó la Ley de fuero sindical, que evita toda forma posible de discriminación antisindical por parte del dueño de una empresa.
  • Se aprobó la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador a partir de la cual se redujo notoriamente la cantidad de accidentes laborales.
  • La cobertura de seguridad social se incrementó en más de medio millón de nuevos cotizantes
  • A través del proyecto de Ley de insolvencia patronal se promueve un mecanismo para garantizar el cobro efectivo y oportuno de los créditos laborales por parte de los trabajadores

Lo que queda por hacer

  • Un país de trabajo y aprendizajes serán prioridades las políticas públicas para la creación de empleo desde el desarrollo productivo, desde la inversión directa del Estado, del apoyo al trabajo asociativo y del firme y enérgico desarrollo de las oportunidades de formación y capacitación durante toda la vida.
  • Deben crearse las condiciones para asegurar las transiciones necesarias, generando y promoviendo la creación de nuevos empleos, asegurando el pleno respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
  • La mejora en la tecnología, que proviene del mayor conocimiento, ha permitido en la historia, en una visión de largo plazo, mejoras en las condiciones de vida, pero para ello debe ser asumida con una actitud activa, adaptando su introducción a nuestra realidad y atendiendo los impactos en el trabajo y sociedad.
  • Se promoverá el emprendedurismo para mejorar el desempeño de trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas. Por su parte se apoyará a las formas asociativas de la economía social y solidaria, promoviendo el acceso a medios de producción, financiamiento y asistencia técnica. Asimismo la formación profesional tendrá un rol decisivo porque se requerirán nuevas habilidades tanto para mantener el trabajo como para recapacitar a los trabajadores que lo cambien y deban reingresar al mercado de trabajo. En este sentido, se deben promover políticas de formación profesional, especialmente a las poblaciones con mayor vulnerabilidad,que les permitan insertarse dentro del mercado laboral en empleos de calidad.
  • La sostenibilidad del crecimiento en el mediano y largo plazo requiere de políticas de transformación productiva, con una apuesta a un incremento de la productividad sistémica del país así como por la diversificación. La planificación y ejecución de políticas de transformación productiva deben ser jerarquizadas como políticas de Estado.
  • Se requiere mantener el estímulo a la inversión como uno de los motores del crecimiento, revisando los instrumentos transversales existentes para minimizar el apoyo a proyectos que tienen viabilidad sin el apoyo público y generar un mayor direccionamiento a inversiones que no se realizarían en ausencia de las políticas. La ley de promoción de inversiones provee un marco adecuado en este sentido, generando transparencia y flexibilidad al sistema y permitiendo que se adecúe a distintas fases del ciclo económico tomando en cuenta factores como empleo, descentralización, innovación, diversificación, tecnología limpia, entre otros.
  • Fortalecer al FONDES volcando los recursos económicos comprometidos en su ley de creación, con el objetivo final de constituir una banca de fomento que atienda las necesidades de financiamiento de las empresas de economía social y solidaria.
  • Extender el Programa de Formación Cooperativa que se realiza en acuerdo entre INACOOP e INEFOP a todos los emprendimientos de la economía social y solidaria para la asistencia técnica, capacitación, consultorías y realización de proyectos de inversión.
  • Mejorar la coordinación de las acciones estatales y paraestatales actuales relacionadas con el registro, el control y la promoción de las cooperativas y demás tipos de entidades, apuntando a la mejor armonía y funcionamiento de todo el sistema.

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