El mismo se basa en el principio de igualdad de todos los habitantes del país, y para ello se propone la inclusión de las personas en situación de discapacidad en el mundo del trabajo. En esta oportunidad, en el ámbito privado, en el entendido que las personas en esta situación sufren estigmatización y discriminación y la desocupación es diez veces mayor que en el resto de la población. Se estima que un 80% de las personas en situación de discapacidad se encuentran desempleadas cuando el promedio nacional es de un 8%.
En la actualidad en nuestro país se encuentra vigente la Ley Nº 18.651, en la cual se define un 4% de las vacantes del sector público para la población en situación de discapacidad. Esta iniciativa prevé extender la aplicación del sistema de cuotas al sector privado, establece un porcentaje de ingresos sobre la planilla de trabajo, asegura el apoyo en el empleo de las personas en situación de discapacidad, establece licencias especiales, la accesibilidad al lugar de trabajo, beneficios e incentivos para las empresas, así como multas para aquellas que incumplan las disposiciones previstas.
Las personas en situación de discapacidad componen el 15% de la población mundial, constituyendo la minoría más grande del planeta. A esta realidad no escapa el Uruguay que también tiene las mismas cifras.
El proyecto fue votado por unanimidad en la Cámara de diputados. Una vez en la Cámara de Senadores, el mismo tuvo modificaciones, siendo también votado por unanimidad por legisladores de todos los partidos políticos. Dichas modificaciones fueron aceptadas por la Cámara de Diputados, por lo cual el proyecto pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El Senado decidió quitar del proyecto original el artículo mediante el cual se contemplaba licencias especiales para personas que tienen a su cargo menores con alguna discapacidad y el trabajo zafral para las personas con discapacidad. Estos temas fueron incluidos en un proyecto a parte que ya ingresó al Parlamento.
Con la aprobación de esta ley avanzamos una vez más en la conquista de derechos. Promover el trabajo, así como el apoyo en el empleo a las personas en situación de discapacidad, no solo implica inclusión y equidad, sino que además profundiza la democracia y la justicia social en el Uruguay.