Menos educación, menos seguridad
“Bajar el costo del Estado”, o “la gestión no tiene contenido ideológico”, algunas de las afirmaciones que dan sustento a un discurso que puede calar e incidir si aceptamos que el debate político y la política en general se degraden al punto de ya no tener que debatir con argumentos, sino con eslóganes publicitarios o frases aisladas en campañas de redes.
Sostienen que “gestionar no tiene ideología”, quienes quieren evitar que se consolide el cambio progresista, democratizador de la vida y las oportunidades, constructor de igualdades y de derechos para los más débiles.
Hace algunos años se hizo famosa la frase de “el déficit fiscal no es ni de izquierda ni de derecha, es déficit fiscal”. Una afirmación absolutamente correcta desde las matemáticas y completamente desligada de la realidad desde la política.
Las decisiones (la gestión) son las que le otorgan sesgo, intención, sentido y contenido a los déficits fiscales, a las opciones de inversión, a las determinaciones de gastos del Estado, de la sociedad; esas decisiones, tomadas en un gobierno de izquierda -del Frente Amplio- buscan mejorar la inclusión, disminuir las inequidades, resolver debilidades sociales, democratizar acceso a servicios públicos y garantizar el goce de equipamientos de calidad a todos los uruguayos.
Ahora, cuando el aumento se manifiesta en más funcionarios en educación, salud y seguridad, sectores de actividad que unánimemente se diagnosticaban como carentes y a los que los gobiernos anteriores al Frente Amplio olvidaron por completo, la oposición, lejos de destacar los hechos concretos y las medidas que constituyen elementales pasos necesarios para empezar a superar las carencias (que no darán resultados mágicos e inmediatos, los procesos sociales son lentos), reducen la discusión a la cantidad indiscriminada de funcionarios. Lo dicho: la gestión tiene ideología e intencionalidad, se puede gestionar buscando atender a los más necesitados o se puede gestionar para mantener el statu quo.
El Frente Amplio decide fortalecer las áreas del Estado que necesitan atención prioritaria, y en ellas no sólo incrementa la dotación de funcionarios sino también las inversiones en general y lo hace en detrimento del resto de las áreas del Poder Ejecutivo donde se muestra un constante decrecimiento del personal.
La proclama de los productores rurales «autoconvocados» se centró en bajar el peso del Estado. Nosotros nos preguntamos…
¿Acaso lo que buscan es bajar la cantidad de cargos en educación y seguridad?
Hay quienes siguen insistiendo en el aumento de los funcionarios públicos sin decir que son vínculos laborales fundamentalmente en áreas priorizadas y que éstos disminuyen en la Administración Central.
Según el director de la Dirección de Planificación, el economista Fernando Isabella, la idea de que el Estado se ha convertido en un “barril sin fondo” es una “mentira”, en tanto el 90% del aumento de funcionarios ha sido destinado a estas áreas prioritarias para el gobierno, mientras que el resto de la administración se redujo en más de 5000 puestos.
Los números
El cuadro muestra la evolución de vínculos contractuales con el Estado en el período 2005-2015. Allí puede verse que se pasó de 171.000 en 2005 a casi 223.000 en 2015.
Pero miremos cómo es que se distribuyen:
De los 51.000 nuevos funcionarios, 40.000 pertenecen a la educación. Lease, cubrir cargos en escuelas de tiempo completo, auxiliares de limpieza en escuelas y liceos y, sobretodo, mayor cantidad de maestros y profesores, lo que permitió pasar de 28 estudiantes por cada docente, a los 23 actuales, según expresó el jerarca, basado en datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC).
De esos datos surge que:
- El 78% del aumento de funcionarios son en educación.
- 11 mil funcionarios fueron destinados a seguridad. Hubo un aumento de 6000 funcionarios, básicamente policías.
Es decir, sumando ambos aumentos, vemos que el 90% del aumento de funcionarios fue destinado a éstas áreas prioritarias.
Resta explicar un aumento de 5000 funcionarios más. Y allí vemos que otra de las áreas en la que se aumentó la cantidad de funcionarios es la Salud. Aumentaron casi 7.600 funcionarios, principalmente en ASSE, es decir, más médicos, enfermeros y personal de salud.
Pero las cuentas no dan. ¿Cómo es que si el total de funcionarios aumentó en 51.000, la suma de aumento de funcionarios en Educación, Seguridad y Salud da más?
La respuesta es que en el resto del Estado se disminuyó la cantidad de funcionarios, aun cuando, como puede verse en el cuadro, el área social aumentó en casi 3.500 funcionarios. Este aumento se explica porque se creó el MIDES y aumentó el personal del INAU. Esto implica que el resto de la Administración pública redujo en más de 5000 la cantidad de funcionarios.
Estas afirmaciones también pueden constatarse en el “informe sobre los vínculos laborales con el Estado y altas y bajas” presentado en la pasada Rendición de Cuentas por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), cuyo director, Alberto Scavarelli, al presentar los datos, informó que en 2016 hubo 1730 vínculos menos en el Ejecutivo y 4079 más en Educación y Salud que en 2015.
En términos generales, se bajó el total de trabajadores en el Estado en esos dos años de 270.089 a 267.553. El jerarca sostuvo que “Existe una tendencia a la estabilización del 17% de funcionarios públicos respecto a la población activa”, mientras en 1995 era del 20%. En dicho informe también se muestra que los vínculos de no funcionarios públicos también disminuyeron.
¿Dónde están los cargos de confianza?
En la proclama de los productores “autoconvocados” se le achaca al gobierno el aumento en los cargos de confianza, cuando en realidad de los 850 cargos de confianza en todo el Estado, 7 de cada 10 están en los gobiernos departamentales.
Entre 2015 y 2016 las Intendencias los aumentaron en un 27%. Son 605 cargos, que corresponden a un 71% del total de los cargos de confianza, que están en los gobiernos departamentales. Eso implica que la incidencia de esos cargos en el total de los funcionarios es cinco veces mayor en las divisiones departamentales que en el conjunto de los organismos estatales.
Cerro Largo y Maldonado son algunas de las comunas en las que más aumentaron –en términos absolutos– los cargos de confianza en los últimos años.
En Cerro Largo pasaron de 0 en 2015 a 163 en 2016, mientras que en Maldonado, el salto se produjo con el cambio de administración, pasando de 79 a 106 cargos de confianza.
Entre 2014 y 2016 fueron varios departamentos gobernados por los partidos tradicionales que tuvieron un crecimiento relativo de los cargos de confianza: Rivera, Tacuarembó, Florida.
En tanto, en Salto, Flores, Artigas, Durazno, Paysandú y Montevideo se redujeron esos cargos entre una administración y la otra.
Mientras que la contratación directa representa el 8,9% de las contrataciones del Estado, en el caso de las intendencias y juntas departamentales es de 56,2%.