La institucionalidad y la coordinación del trabajo para enfrentar al crimen organizado, la defraudación tributaria y el financiamiento al terrorismo, entre otros delitos, hacen que hoy nuestro país esté dentro de los estándares internacionales en el combate al lavado de activos, pero esto no siempre fue así.
Cabe recordar que hace tres lustros atrás, Uruguay se promocionaba internacionalmente como plaza financiera y paraíso fiscal como modelo de Desarrollo, integrando la lista de países opacos en materia de información fiscal. Los gobiernos frenteamplistas fueron tomando medidas para terminar con esa opacidad, entendiendo que el compromiso con la transparencia fiscal y la cooperación internacional son pilares esenciales de su inserción internacional.
Hoy, Uruguay es el país más transparente de América Latina según el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 de la ONG Transparencia Internacional.
Asimismo, recientemente se dio a conocer un informe del Instituto de Basilea sobre Gobernanza (Basel Institute on Governance), organismo con sede en Suiza que se dedica a la prevencióm y el combate de los delitos financieros y que todos los años elabora un ránking para monitorear cuáles son los países más riesgosos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En su informe 2019, divulgado en el mes de agosto, Uruguay figura en una posición mucho más favorable que la que ocupaba en anteriores informes. El índice toma en cuenta diversos factores que facilitan el lavado de activos, como la debilidad o la inexistencia de legislación específica sobre la materia, la corrupción y la falta de transparencia en relación con los flujos financieros. En noviembre del 2018, Uruguay aprobó la reglamentación de la Ley Integral de Prevención del Lavado de Activos (N° 19.574), promulgada en diciembre de 2017.
Pablo Ferreri, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas desde 2015 y actual integrante del equipo asesor en temas económicos de Daniel Martínez, sostuvo que “es bueno recordar todo lo que Uruguay ha mejorado en materia de transparencia fiscal y al combate al Lavado de Activos” y para ello citó algunos ejemplos de la normativa aprobada desde 2007.
Hoy “tenemos una sólida posición de prestigio internacional”, aseveró Ferreri, mientras recordó la eliminación de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIs), empresas offshore registradas en Uruguay pero que estaban autorizadas a funcionar en el exterior, a nombre de testaferros sin conocerse públicamente su verdadero dueño.
Asimismo hizo mención a que se estableció el registro de accionistas de Sociedades Anónimas al portador en el Banco Central del Uruguay (BCU) y que se estableció la obligación de declarar el beneficiario final de una Sociedad Anónima.
Ferreri sostuvo que se “continuó resquebrajando el secreto bancario y que hoy todas las cuentas bancarias mayores a 50 mil dólares de promedio mensual deben ser informadas a la Dirección General de Impositiva (DGI)”. Mencionó también que “se estableció por ley que el delito fiscal es delito precedente del Lavado de Activos, que se votó el acuerdo multilateral de intercambio de información tributaria con los más de 100 países que integran el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que el último Foro de Transparencia Global de OCDE fue realizado en Uruguay el año pasado”.
Sin embargo, Ferreri recordó que “muchas de estas normas mencionadas no fueron votadas por los legisladores de la oposición”.
También el candidato frenteamplista a la presidencia de la República, Daniel Martínez, se refirió al tema, sosteniendo que Uruguay era un paraíso fiscal antes de 2005 y recordó también las SAFIs “unas sociedades que eran un vale todo”.
En la misma línea, el diputado frenteamplista Alfredo Asti recordó que desde los años 90’ el gobierno de la época promocionaba a Uruguay como Paraíso Fiscal, lo cual comenzó a cambiar con la implementación de la Reforma Tributaria, ley aprobada en 2006 que comenzó a aplicarse en 2007 y mediante la cual se eliminó la posibilidad de crear SAFIs, además de crear el Impuesto a la Renta de No Residentes.
Entre otras medidas llevadas cabo para combatir el lavado de activos, mencionó los tratados de intercambio de información, la ley de Transparencia Fiscal Internacional y las leyes contra el Lavado de Activos y de Inclusión Financiera “que terminaron con esa opacidad y refugio de capitales de dudoso origen».
Cabe recordar que a partir de la Ley contra el Lavado de Activos (sancionada en diciembre de 2017) los agentes no financieros, como por ejemplo escribanos, abogados u otros operadores inmobiliarios, están obligados a reportar al Banco Central en caso de dudas sobre el origen de los fondos de alguna transacción.